Las
políticas públicas son los acuerdos establecidos para una región, ciudad o país
que determinan el bienestar y la calidad de las poblaciones. Estas políticas
públicas pueden constituirse en los Planes de Desarrollo locales, distritales o
nacionales, los cuales vienen siendo una herramienta de gestión que atiende las
necesidades básicas insatisfechas de la población, promoviendo el desarrollo
social y mejoramiento de la calidad de vida abordando aspectos de educación,
empleo, pobreza, vivienda, movilidad, medio ambiente, salud y seguridad.
El
conflicto armado interno en Colombia, entendido como una guerra que se desarrolla
entre diferentes actores como el Estado, los grupos de guerrilla de extrema
izquierda, grupos paramilitares y bandas criminales ampliamente conocidos en el
país, desarrolla una dinámica que, a lo largo de su escalamiento y evolución,
ha dejado millones de víctimas, quienes se han visto enfrentadas a condiciones
de violación de sus derechos fundamentales.
Ahora
bien, el Estado colombiano, según el artículo 3 de la ley 1448 del 2011, define
a las víctimas como “aquellas personas que individual o colectivamente hayan
sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como
consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.” (Congreso de la
República, 2011).
Bogotá
es la ciudad que más ha recibido víctimas del conflicto en el país. Gran parte
de esta población no ha podido adaptarse a las condiciones urbanas y mucho
menos ha podido realizar actividades laborales distintas a las que realizaban
en sus tierras, además, en su mayoría, no cuentan con un nivel de escolaridad
mínimo para emplearse en entidades públicas o privadas, pueden no contar con
documentos legales y sus antecedentes no pueden llegar a certificar
confiabilidad y responsabilidad social ante los contratantes, por lo que pueden
presentarse rechazos y perjuicios. Ante la falta de quien provea el hogar,
estas personas llegan a asumir nuevos roles laborales sin oportunidades de
acceso a la salud, educación, vivienda, etc., e incluso recurrir a la
mendicidad.
A
partir de los ideales y anhelos de la sociedad, expresados en objetivos de bien
colectivo en torno a las consecuencias directas del conflicto armado
interno y desde la visión de la relación
entre Estado y sociedad, las políticas públicas se entienden como programas de
acción que representan la realización concreta de decisiones colectivas y el
medio usado por el Estado en su voluntad de modificar comportamientos mediante
el cambio de las reglas de juego operantes hasta entonces (Roth, 2002, p. 19).
Según Varela & Otálvaro (2013), la noción de política social incorpora
temas como el acceso y la permanencia de todos en la educación, el modelo de
salud pública incluyente, políticas de hábitat y vivienda digna, condiciones
sociales de inclusión al mundo económico, el empleo y los recursos que
garanticen la sostenibilidad, la función protectora del Estado, la evitación de
la pobreza extrema y de la exclusión social y otros temas que hacen parte de
las políticas de protección social. Estos serían los tópicos a tener en cuenta
para el abordaje y apoyo a la población víctima de la confrontación armada. Sin
embargo, es importante tener en cuenta que el punto de partida básico para una
filosofía de promoción de la buena vida y de la buena sociedad, empieza por el
reconocimiento de los derechos de ciudadanía y por una interlocución exenta de
asimetrías de recursos y poder en manos del Estado y sus proyectos hegemónicos,
lo cual se identifica que ha faltado en la configuración histórica de la
política pública de protección social en el país. (Varela & Otálvaro,
2013).
En
efecto, teniendo en cuenta las graves afectaciones ocasionadas a los ciudadanos
como consecuencia de las acciones de la confrontación armada en el País, el
Gobierno precisa el desarrollo e implementación de estrategias orientadas a
satisfacer las necesidades de las víctimas y diseñar planes de acción para su
atención integral como una política pública, cuyos alcances están contemplados
ampliamente en la ley 1448 del 2011, siendo su componente principal el Programa
de Atención Psicosocial a Víctimas ”PAPSIVI”; sin embargo, a pesar de la
implementación de este y otros programas, la población víctima de la
confrontación armada presenta problemáticas urgentes que afectan día a día su
bienestar y calidad de vida.
Por
esta razón, se hace primordial la necesidad de propender a la implementación de
estas políticas públicas y acciones, brindando atención integral, la cual es
entendida como un conjunto de procesos psicobiológicos y socioculturales que se
brinda como servicio, tomando como eje central determinadas necesidades de las
personas en el contexto de familia y comunidad contribuyendo al bienestar
individual y social. (Marentes & Pérez, 2011), mediante la gestión social
al ser “un proceso coherente, integrador y armónico donde todos los actores
sociales públicos y privados se construyen como sujetos capaces de articular
esfuerzos, voluntades, poderes, con miras a gestionar sus propias
transformaciones particulares en colectivas” (Jaime, 2015).
Este
abordaje debe contar con el acompañamiento psicológico como red de apoyo para
aquellas personas víctimas del conflicto armado y la violencia, ya que juega un
papel crucial e indispensable en su desarrollo
psico-cognitivo-emocional-cultural, puesto que les permitirá ser ciudadanos
activos con igualdad de derechos y reconocimientos.
Las
políticas públicas, la atención integral y la gestión social comunitaria no
hace distinción alguna de raza, color, sexo, opinión o condición política,
etc., sino que, por el contrario, deben aumentar el grado de estabilidad de los
actores y las relaciones, monitorear inconformidades y desarrollar un ambiente
de excelente comunicación y participación, para lograr alcanzar los objetivos
institucionales propuestos.
