Marco conceptual

Las políticas públicas son los acuerdos establecidos para una región, ciudad o país que determinan el bienestar y la calidad de las poblaciones. Estas políticas públicas pueden constituirse en los Planes de Desarrollo locales, distritales o nacionales, los cuales vienen siendo una herramienta de gestión que atiende las necesidades básicas insatisfechas de la población, promoviendo el desarrollo social y mejoramiento de la calidad de vida abordando aspectos de educación, empleo, pobreza, vivienda, movilidad, medio ambiente, salud y seguridad.

El conflicto armado interno en Colombia, entendido como una guerra que se desarrolla entre diferentes actores como el Estado, los grupos de guerrilla de extrema izquierda, grupos paramilitares y bandas criminales ampliamente conocidos en el país, desarrolla una dinámica que, a lo largo de su escalamiento y evolución, ha dejado millones de víctimas, quienes se han visto enfrentadas a condiciones de violación de sus derechos fundamentales.

Ahora bien, el Estado colombiano, según el artículo 3 de la ley 1448 del 2011, define a las víctimas como “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.” (Congreso de la República, 2011).

Bogotá es la ciudad que más ha recibido víctimas del conflicto en el país. Gran parte de esta población no ha podido adaptarse a las condiciones urbanas y mucho menos ha podido realizar actividades laborales distintas a las que realizaban en sus tierras, además, en su mayoría, no cuentan con un nivel de escolaridad mínimo para emplearse en entidades públicas o privadas, pueden no contar con documentos legales y sus antecedentes no pueden llegar a certificar confiabilidad y responsabilidad social ante los contratantes, por lo que pueden presentarse rechazos y perjuicios. Ante la falta de quien provea el hogar, estas personas llegan a asumir nuevos roles laborales sin oportunidades de acceso a la salud, educación, vivienda, etc., e incluso recurrir a la mendicidad.

A partir de los ideales y anhelos de la sociedad, expresados en objetivos de bien colectivo en torno a las consecuencias directas del conflicto armado interno  y desde la visión de la relación entre Estado y sociedad, las políticas públicas se entienden como programas de acción que representan la realización concreta de decisiones colectivas y el medio usado por el Estado en su voluntad de modificar comportamientos mediante el cambio de las reglas de juego operantes hasta entonces (Roth, 2002, p. 19). Según Varela & Otálvaro (2013), la noción de política social incorpora temas como el acceso y la permanencia de todos en la educación, el modelo de salud pública incluyente, políticas de hábitat y vivienda digna, condiciones sociales de inclusión al mundo económico, el empleo y los recursos que garanticen la sostenibilidad, la función protectora del Estado, la evitación de la pobreza extrema y de la exclusión social y otros temas que hacen parte de las políticas de protección social. Estos serían los tópicos a tener en cuenta para el abordaje y apoyo a la población víctima de la confrontación armada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el punto de partida básico para una filosofía de promoción de la buena vida y de la buena sociedad, empieza por el reconocimiento de los derechos de ciudadanía y por una interlocución exenta de asimetrías de recursos y poder en manos del Estado y sus proyectos hegemónicos, lo cual se identifica que ha faltado en la configuración histórica de la política pública de protección social en el país. (Varela & Otálvaro, 2013).

En efecto, teniendo en cuenta las graves afectaciones ocasionadas a los ciudadanos como consecuencia de las acciones de la confrontación armada en el País, el Gobierno precisa el desarrollo e implementación de estrategias orientadas a satisfacer las necesidades de las víctimas y diseñar planes de acción para su atención integral como una política pública, cuyos alcances están contemplados ampliamente en la ley 1448 del 2011, siendo su componente principal el Programa de Atención Psicosocial a Víctimas ”PAPSIVI”; sin embargo, a pesar de la implementación de este y otros programas, la población víctima de la confrontación armada presenta problemáticas urgentes que afectan día a día su bienestar y calidad de vida.

Por esta razón, se hace primordial la necesidad de propender a la implementación de estas políticas públicas y acciones, brindando atención integral, la cual es entendida como un conjunto de procesos psicobiológicos y socioculturales que se brinda como servicio, tomando como eje central determinadas necesidades de las personas en el contexto de familia y comunidad contribuyendo al bienestar individual y social. (Marentes & Pérez, 2011), mediante la gestión social al ser “un proceso coherente, integrador y armónico donde todos los actores sociales públicos y privados se construyen como sujetos capaces de articular esfuerzos, voluntades, poderes, con miras a gestionar sus propias transformaciones particulares en colectivas” (Jaime, 2015).

Este abordaje debe contar con el acompañamiento psicológico como red de apoyo para aquellas personas víctimas del conflicto armado y la violencia, ya que juega un papel crucial e indispensable en su desarrollo psico-cognitivo-emocional-cultural, puesto que les permitirá ser ciudadanos activos con igualdad de derechos y reconocimientos.

Las políticas públicas, la atención integral y la gestión social comunitaria no hace distinción alguna de raza, color, sexo, opinión o condición política, etc., sino que, por el contrario, deben aumentar el grado de estabilidad de los actores y las relaciones, monitorear inconformidades y desarrollar un ambiente de excelente comunicación y participación, para lograr alcanzar los objetivos institucionales propuestos.